Votebeat es una organización periodística sin fines de lucro que informa sobre el acceso al voto y la administración electoral en los Estados Unidos. Suscríbete aquí al boletín gratuito de Votebeat Arizona.
En Arizona, los votantes que no han demostrado su ciudadanía enfrentan un trato desigual al intentar actualizar su registro electoral. En ciertos casos, sus inscripciones han sido completamente suspendidas hasta que presenten la documentación correspondiente, según investigó Votebeat.
El trato desigual entre condados se produce porque las autoridades electorales están aplicando de forma distinta los fallos judiciales recientes sobre las leyes estatales que exigen prueba de ciudadanía. Así lo señalaron nueve de las quince oficinas de registro consultadas por Votebeat.
La incertidumbre sobre cómo gestionar los cambios en el registro es el problema más reciente. Surge a raíz de las singulares leyes de Arizona, que exigen a los votantes comprobar su ciudadanía para votar en las elecciones tanto a nivel estatal como local.
La Secretaría de Estado ofreció sugerencias a los funcionarios encargados del registro de votantes sobre cómo aplicar los fallos judiciales, pero no emitió instrucciones obligatorias.
Como respuesta, algunos condados procesan las actualizaciones solicitadas — como cambios de dirección o afiliación política —, pero suspenden el registro electoral del votante. Otros directamente no procesan los cambios, y algunos mantienen los procedimientos anteriores a los fallos judiciales.
El trato desigual podría afectar la participación electoral de algunos votantes el próximo julio, cuando seis condados celebrarán elecciones primarias especiales para cubrir la vacante en el Distrito 7 del Congreso, tras el fallecimiento del representante demócrata Raúl Grijalva el mes pasado.
En la mayoría de los casos, las autoridades electorales informan de inmediato a los votantes que desean actualizar su registro que deben presentar una prueba de ciudadanía. Sin embargo, la suspensión temporal de su derecho al voto depende del condado en el que vivan.
Las disposiciones sobre cómo procesar las solicitudes de actualización del registro afectan tanto a cerca de 35,000 votantes “federales únicamente” — quienes no comprobaron su ciudadanía al registrarse y solo pueden participar en elecciones federales — como a unos 200,000 residentes de larga trayectoria cuyos registros fueron alterados por un error del estado. Para mantener su derecho pleno al voto, deberán presentar una prueba de ciudadanía próximamente.
Las autoridades sostienen que, si bien no han presentado la documentación correspondiente, la mayoría de estas personas son ciudadanas estadounidenses. Un análisis realizado por Votebeat identificó que ciertos grupos, como estudiantes universitarios y personas residentes en territorios indígenas, tienen mayores probabilidades de estar en la lista de votantes “federales únicamente.” Algo que podría deberse a la falta de acceso a los documentos necesarios para comprobar su ciudadanía.
Representantes locales de los grupos defensores del derecho al voto All Voting is Local (Todos los votos son locales) y la Liga de Mujeres Votantes afirman que el trato desigual a los votantes según el condado en el que vivan es ilegal.
“No considero que haya fundamentos legales para eliminar del registro electoral a los votantes federales,” aseguró Alex Gulotta, director en Arizona de All Voting is Local. “Los condados que crean que pueden hacerlo están violando la ley.”
JP Martin, portavoz de la Secretaría de Estado, señaló que la legalidad del trato desigual “es algo que en última instancia deberá decidir un tribunal.”
La Secretaría de Estado emitió lineamientos en diciembre y en febrero, recomendando que los registradores procesen normalmente las actualizaciones de los votantes sin modificar su estatus actual — ya sea el de voto completo para quienes fueron afectados por el error estatal, o el de solo federal para quienes ya figuraban así en el registro electoral. También les indicó que notifiquen a los votantes que deben comprobar su ciudadanía antes de las 7 p.m. del día de la elección, o sólo podrán participar en elecciones federales.
“Confiamos en que cada registrador consulte con su respectivo abogado de condado para garantizar una aplicación uniforme de la ley,” respondió Martin por correo electrónico. “Desde nuestra oficina emitimos lineamientos firmes para asegurar un trato equitativo a los votantes en todo el estado.”
¿Por qué está ocurriendo esto?
Desde 2004, Arizona exige a los votantes presentar una prueba de ciudadanía. Sin embargo, como la ley federal no requiere documentación —aunque sí obliga a declarar la ciudadanía bajo juramento—, quienes no la presentan pueden votar únicamente en elecciones presidenciales y legislativas federales.
Sin embargo, la combinación de leyes, equivocaciones y decisiones judiciales recientes en Arizona ha generado un caos para las oficinas de registro, encargadas de implementar los nuevos requisitos.
La primera resolución judicial significativa llegó en agosto, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una suspensión sobre una sección de la ley estatal de ciudadanía electoral aprobada en 2022. Esta suspensión, vigente por ahora, exige que los registradores rechacen los formularios estatales de registro que no presenten la prueba de ciudadanía.
Antes, quienes se inscribían sin presentar prueba de ciudadanía eran incluidos en la lista de “solo federales”. Ahora, sus registros se colocan en una nueva categoría de “no registrados” hasta que presenten dicha documentación. Las autoridades les envían una notificación escrita explicando que su registro no será procesado hasta que cumplan con ese requisito.
La disposición se aplica únicamente a quienes completan el registro mediante el formulario estatal. Aquellos que utilizan el formulario federal sin adjuntar prueba de ciudadanía siguen siendo registrados como votantes “solo federales”.
Al parecer los condados están aplicando un criterio uniforme ante las nuevas solicitudes de registro.
Aunque la Oficina del Secretario de Estado interpretó que el fallo solo aplica a quienes se registran por primera vez, en algunos condados también lo están aplicando a votantes “solo federales” que buscan actualizar su información con el formulario estatal.
En al menos dos condados —Gila y Pinal—, los votantes clasificados como “solo federales” que intentan actualizar sus datos, son clasificados con un nuevo estatus de “no registrados” y no podrán votar hasta presentar la prueba de ciudadanía. Luego, las autoridades del condado les envían una notificación donde indican que deben comprobar su ciudadanía antes de poder votar nuevamente.
Tras la emisión de los fallos judiciales durante el verano pasado, unas 12,450 personas en todo el estado fueron clasificadas con el estatus de “no registradas”, según información obtenida mediante una solicitud de acceso a documentos públicos. Esta cifra incluye tanto a votantes ya registrados que intentaron actualizar sus datos, como a nuevos solicitantes que utilizaron el formulario estatal de inscripción sin adjuntar el comprobante de ciudadanía.
Dana Lewis, registradora del condado de Pinal, aclaró que asignar a una persona el estatus de “no registrada” no implica la cancelación de su inscripción electoral. En caso de que dichos votantes se presenten en las urnas, podrán entregar la documentación que compruebe su ciudadanía hasta las 7 p.m. del día de la elección, y su voto será contabilizado.
Otros condados, entre ellos Navajo, Pima, Yavapai y Yuma, han decidido rechazar o suspender la solicitud de actualización y notificar al votante sobre el inconveniente. No obstante, si una persona intenta modificar su información y la oficina de registro no efectúa el cambio, es probable que su registro electoral contenga datos incorrectos hasta tanto no presente la documentación que compruebe su ciudadanía. Como resultado, la boleta podría no ser enviada a la dirección correcta o el votante podría presentarse en las urnas con una identificación cuya dirección no coincida con la registrada en el registro electoral.
David Lara, registrador del condado de Yuma, expresó que, a su parecer, cada funcionario está tomando las decisiones que considera más apropiadas para su condado, pese a la falta de directrices claras por parte del poder judicial.
“Se dictan normativas que, en ocasiones presentan ambigüedades, lo que deja en manos del registrador la decisión sobre qué es lo más adecuado”, expresó.
Por su parte, los condados de Maricopa — que reúne aproximadamente al 60% del registro electoral del estado — y Coconino mantienen el procesamiento regular de las actualizaciones, sin modificar la categoría de “solo federal” en los registros.
Residentes de larga data afectados por un error del estado
Existe otro fallo judicial emitido en septiembre, que está afectando las solicitudes de actualización de aproximadamente 200,000 votantes involucrados en un error estatal relacionado con la verificación de ciudadanía, que fue dado a conocer este verano. El caso abarca a residentes de larga trayectoria que obtuvieron su licencia de conducir antes de 1996 y se registraron para votar — o realizaron un cambio de condado — en algún momento posterior a 2004.
Un error del sistema electoral provocó que fueran registradas como votantes con derecho a boleta completa, a pesar de no haber presentado nunca un comprobante de ciudadanía. En septiembre, la Corte Suprema de Arizona resolvió que los condados no deben exigir dicha prueba antes de las elecciones de noviembre, permitiéndo así votar con boleta completa. Sin embargo, no se emitieron directrices claras sobre qué hacer con sus registros después de esa fecha.
La situación llevó a los condados a implementar políticas dispares respecto de los plazos para exigir la comprobación de ciudadanía por parte de los votantes. Asimismo, adoptaron criterios distintos sobre cómo proceder con los registros en caso que no se cumpla este requisito antes de la próxima elección y sobre cómo gestionar las actualizaciones mientras tanto.
El condado de Yuma, por ejemplo, está rechazando las solicitudes de actualización, notificando al votante sobre la necesidad de presentar una prueba de ciudadanía y efectuando la modificación únicamente una vez que el votante responde.
En el caso del condado de Pinal, procesan la solicitud de actualización, pero cambia el estatus del votante a “no registrado” y le notifican que debe presentar una prueba de ciudadanía.
Por el momento, el condado de Maricopa está procesando las solicitudes de actualización sin modificaciones y sin informar a los votantes sobre el error. Según la oficina del registro, el plan es comenzar a enviar notificaciones después de las elecciones municipales de mayo en Glendale y Goodyear. Aquellos que no presenten la prueba de ciudadanía antes de las elecciones legislativas de julio serán reclasificados como votantes con registro solo federal.
En los tres condados mencionados hay votantes habilitados a votar en las elecciones congresionales de julio. En los condados de Pinal y Yuma, podrían tener dificultades para recibir su boleta o votar en persona. Por el contrario, no se anticipan problemas para los votantes del condado de Maricopa en el proceso federal.
Organizaciones defensoras del derecho al voto exigen una solución inmediata
Pinny Sheoran, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Arizona (League of Women Voters of Arizona), advirtió que la desigualdad en el trato a los votantes de cara a la elección especial del Distrito 7 constituye un problema grave.
“Los votantes acudirán a elecciones que consideran importantes y no podrán ejercer su derecho al voto,” dijo Sheoran.
Gulotta describió el panorama actual como “un caos total.”
Afirmó que la Secretaría de Estado cuenta con la autoridad para dictar normas a los condados, lo que permitiría garantizar su aplicación uniforme entre todos los votantes del estado.
“Resulta inadmisible que no se haya proporcionado una orientación clara y que las autoridades electorales locales actúen de manera dispar,” expresó Gulotta.
El representante estatal Alex Kolodin, del Partido Republicano, ha presentado un proyecto de ley orientado a establecer un enfoque uniforme entre los registradores electorales de todo el estado. La iniciativa exige que se solicite con urgencia la prueba de ciudadanía a todos las personas afectadas por el error estatal, y que aquellos que no la presenten antes de las elecciones de noviembre de 2026 sean eliminados del registro electoral.
Kolodin, quien se postula como secretario de Estado, afirmó que el demócrata Adrian Fontes “no ha logrado proporcionar a los condados instrucciones legales que se ajusten a lo dispuesto por la Corte Suprema de Arizona. Lamentablemente, estos errores seguirán repitiéndose si se le permite continuar en el cargo.”
Sin embargo, varios registradores de condado y la Oficina del Secretario de Estado se oponen al proyecto de Kolodin. En una carta dirigida a los registradores, la oficina reiteró que, según la postura de Fontes, estos votantes deben pasar a ser considerados como “solo federales” de no presentar la prueba de ciudadanía, pero sin anular su registro.
Al ser consultado sobre si la Oficina del Secretario de Estado planea tomar medidas adicionales para garantizar un trato equitativo en todo el estado, Martin, portavoz de la oficina, respondió que trabajan junto a los condados para “cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros electoral y procesar los registros de votantes conforme a la ley estatal y a la NVRA (Ley Nacional de Registro de Votantes).”
“Ratificamos nuestro compromiso con un trato equitativo a las personas votantes y continuaremos brindando orientación para garantizarlo,” escribió.
Jen Fifield es reportera de Votebeat con base en Arizona. Puedes contactarla en jfifield@votebeat.org.
